¿La crisis del terremoto sepulta una etapa en Venezuela? ¿La catástrofe podría cambiar de un golpe un modo de hacer política, una forma de convivir, un marco de relaciones internacionales y la disputa por determinados modelos económicos?
La magnitud un terremoto —cuya fatalidad podría oscilar entre 10.000 y 100.000 muertos, según estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y podría representar una pérdida de más de 6.700 millones de dólares en daños estructurales según el PNUD—, ha expuesto la situación de las capacidades de la sociedad y del Estado tras al menos una década de erosión económica, política y moral, consecuencia de un conflicto político existencial.
¿La crisis del terremoto sepulta una etapa en Venezuela? ¿La catástrofe podría cambiar de un golpe un modo de hacer política, una forma de convivir, un marco de relaciones internacionales y la disputa por determinados modelos económicos?
Las inercias de la clase política insisten en aparecer: la oposición se equivoca al dejar ver su desesperación por no estar “aprovechando” la situación para “conducir el proceso” y el gobierno también se equivoca al seguir manejando el lenguaje defensivo de “los laboratorios y las conspiraciones”. Sin embargo, en términos de transformaciones políticas profundas, la magnitud de los hechos parece estar cambiando el orden de las prioridades, la lógica de las relaciones de poder y las expectativas sociales.
El terremoto ha encontrado a un Estado superviviente y a una sociedad cargada de malestar y precariedad. Las capacidades institucionales del Estado se encontraban muy disminuidas, no solo por la corrupción —que la hubo—, sino también por la restricción objetiva de ingresos que eran vitales para su funcionamiento, como consecuencia de las sanciones y del aislamiento económico del país del sistema financiero internacional.
Estas condiciones —que llevaron al gobierno a hacer un «ajuste draconiano» del gasto público en 2018— dejaron a Venezuela con un Estado en situación de desmantelamiento, con una burocracia muy precaria debido a la depreciación de los salarios y al recorte de dotaciones básicas para el funcionamiento de los servicios públicos. Si bien en los últimos años se vieron algunos signos de recuperación de la infraestructura pública y una mejoría, no de los salarios, pero sí de las compensaciones de ingresos que se instrumentaron para paliar esta situación, lo cierto es que, para el momento de la catástrofe, estas capacidades estaban muy lejos de alcanzar un nivel de funcionamiento mínimamente normal.
El contexto donde anidó la catástrofe
Estas condiciones también impactaron las formas de relacionamiento del Estado con la sociedad. La crisis total de los salarios, aunada al deterioro financiero de las políticas sociales que el chavismo empujaba con fuerza antes de 2014 (las misiones socialistas y «los beneficios») que llegaban a la población más vulnerable, comenzó a producir nuevos consensos sobre el papel del Estado. El dicho «Regala’o se murió con Chávez» se refería precisamente a ese nuevo consenso social según el cual el Estado retiraba sus compensaciones y protecciones, obligando a los ciudadanos a bregar solos ante sus necesidades. Esto constituyó una transformación profunda de los sentidos estatales que habían hecho tradición en el país desde la democratización del Estado petrolero en 1958.
La faz más dramática de esta situación es que los cuerpos de seguridad del Estado —sobre todo la policía, que tiene el mayor roce con la población— resuelven su propia precariedad (pues también son funcionarios públicos) a través de un uso instrumental de la fuerza para extraer ingresos de la ciudadanía por la vía del miedo, la extorsión y la apropiación ilegal de bienes, en el marco de casos infundados o amedrentamientos. Ambas situaciones, sumadas a los escándalos de corrupción destapados en el gobierno de Maduro, han producido un malestar generalizado por la desprotección social y el abuso policial.
Este contexto social y político sobredimensiona una tragedia que no solo desbordaría las capacidades de cualquier Estado que funcionase con relativa estabilidad, sino que exacerba exponencialmente las deformaciones, inercias y debilidades de esta sociedad en su conjunto.
Han salido todos nuestros demonios: los vicios y arbitrariedades de la policía; los saqueos y la rapiña que emanan del caos en medio de las necesidades de la tragedia cotidiana de la pobreza de miles; la pesadez de la burocracia para moverse rápido y coordinar el flujo de ayudas de múltiples agencias; el malestar y el enfrentamiento político; el reparto de culpas y la rabia hacia las autoridades; y la superficialidad de un relato hiperconectado (influencers) que, atrapado en el narcisismo epocal, prioriza la figuración en el epicentro de la conversación pública y la captura de imágenes sobre la sensibilidad real ante la tragedia.
El terremoto movió las placas estructurales de lo social, sacó la podredumbre, pero también exacerbó nuestras virtudes. La sociedad ha mostrado muchísima capacidad y “un exceso” de solidaridad. Todo el país se ha movilizado intentando ayudar: miles de centros de acopio, el colapso de las vías hacia La Guaira con brazos dispuestos a levantar escombros e insumos ciudadanos para dotar a los damnificados. Asimismo, vemos organizaciones sociales haciendo registros de edificios desplomados, desaparecidos, enfermos en hospitales y fallecidos; restaurantes y chefs organizados para preparar comidas; miles de motorizados trabajando para movilizar todo tipo de ayuda; y rescatistas cargados de gentileza y alegría para socorrer no solo física, sino también emocionalmente a las víctimas del sismo.
El Estado también comienza a reaccionar. Finalmente, será quien se quede a resguardar a los damnificados hasta que consigan estabilizar sus vidas, en un proceso que seguramente será a largo plazo: habilita refugios, toma el control del suministro a gran escala de insumos básicos (agua, comida, cocinas, camas, medicinas) y comienza a organizar el acceso y las formas en que se interviene en la zona del desastre.
Las condiciones de la reconstrucción
Este cuadro social de vicios y virtudes es lo que tenemos para reconstruir el país. A este cuadro se suma la invasión norteamericana del 3E, un hecho, un marco de relaciones, que, si bien fue rebasado por la magnitud del terremoto, constituye un eje determinante de la orientación que tome la reconstrucción. Lo que vendrá luego de la superación de la crisis humanitaria solo se puede comprender en el marco de esta relación, que tiene como premisas la estabilidad de los negocios y, posteriormente, la transición política, bajo el alto costo del tutelaje económico, militar y político del país.
En este momento, el terremoto podría funcionar como umbral de un nuevo tiempo. La historia enseña que, ante tragedias así, algunos países las aprovecharon para modernizarse y fortalecer sus instituciones, mientras otros cayeron en el caos y el empobrecimiento.
¿En qué sentidos el terremoto podría permitirle a Venezuela no sólo reconstruirse económicamente, sino también resolver el malestar social, construir una convivencia más justa y recuperar autonomía frente a Estados Unidos?
Cuando exploro los sentidos de la reconstrucción no me refiero al plan de obras, sino a los significados que unirían las virtudes sociales y reconstruirían capacidades, relaciones y nuevos consensos para cerrar el paso a los vicios y al imperialismo.
En sí misma la palabra reconstrucción indica que hay destrucción. Indica que hemos tocado el fondo de nuestros recursos y capacidades. Esto le da al gobierno venezolano el permiso de pedir ayuda, y a nosotros nos exige buscar entendimiento y actuar juntos para superar la catástrofe.
También, está permitiendo que se desbloqueen los condicionamientos económicos y el castigo político hacia el conjunto del país, abriendo las puertas a una solidaridad internacional más amplia. A partir de la cual, se restituyen relaciones diplomáticas quebradas y se construyen relaciones proscritas desde adentro (Israel) y desde afuera (Argentina, Chile).
En cuanto a Estados Unidos, el giro es notable: antes del terremoto se hablaba de avanzar hacia elecciones competitivas —la tercera fase del plan Rubio—; con el sismo, se retrocede a la fase dos: estabilidad a secas, lo que significa estabilidad económica primero. Esto puede frustrar a quienes solo ven el cambio político radical como camino al desarrollo, como si este garantizara automáticamente democratización social y económica. Pero conviene pensar que la estabilidad económica automáticamente no se traduce en acumulación desmedida de capital y perpetuación de desigualdades, también puede alojar sentidos democratizadores. Cuál de ellos prevalezca dependerá de cómo se interprete el desastre y el posdesastre, dentro de un conflicto político que aún sigue abierto.
Por ejemplo, la discusión sobre la deuda externa de Venezuela puede replantearse, hasta el punto de pensar que una parte de ella —sobre todo la relativa a organismos multilaterales y/o deuda con otros países como China y Rusia— podría condonarse, como ya pasó en Bolivia (2004) o en Nicaragua (2006). La discusión sobre la forma en que la OFAC transfiere recursos a Venezuela también podría cambiar, porque ahora habría necesidades urgentes que atender en términos sociales y de infraestructura crítica (hospitales y viviendas).
El desastre abre nuevos frentes de inversión pública que antes, sin el reconocimiento abierto de una crisis humanitaria, podían postergarse frente a la urgencia de fortalecer la industria petrolera por los requerimientos del negocio y del «crecimiento». El Estado social podría volver, pero no bajo el rótulo del socialismo sino bajo una clasificación humanitaria que no dinamitaría los nuevos consensos económicos que se instalan en el país.
Asimismo, por razones humanitarias, EE. UU. conseguiría un argumento limpio para gestionar ante el Congreso un levantamiento express de sanciones que antes era más difícil de justificar. Y el cambio político podría ocurrir por vías que no necesariamente pasen por el evento electoral, sino por acuerdos políticos motivados por la emergencia nacional que nos conduzcan a un gobierno de coalición –mucho más plural– que permita transitar los difíciles años por venir en términos sociales y políticos.
Este marco de posibilidades indica que la fase de estabilización se alarga y reconfigura todos los escenarios del país. En este contexto, un escenario viable –el más significativo desde mi opinión– exigiría una reconfiguración de las formas de entendimiento de la clase política para, finalmente, conseguir una unidad nacional que fortalezca las capacidades de Venezuela para afrontar de la mejor manera no sólo los efectos de esta tragedia sísmica sino sus nuevas relaciones internacionales.
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