Tecnologías políticas del presente

En esta ocasión no importan las razones: si es por nuestra dependencia económica del mercado internacional, si es por la voracidad que despierta la abundancia de recursos petroleros o si responde a una supuesta naturaleza conflictiva del venezolano. Tampoco importa repartir culpas o justificar las consideradas necesidades históricas sobre las cuales actuaron las fuerzas políticas que se han disputado el poder en Venezuela. Por ahora, importa el dato histórico: se constata una forma de lucha política que ha hecho tradición en la cultura del Estado, caracterizada por un conflicto político intenso, de fuertes exclusiones, cargado de revanchas, belicismo y violencia, que desborda permanentemente los términos que definen la vida colectiva y tritura al Estado como el universal de la comunidad política.

Durante gran parte del siglo XIX, este tipo de conflicto minó al país de pequeñas pero constantes guerras entre caudillos locales, que condujeron a la imposición de orden a través de una dictadura feroz que petrificó su desarrollo político y social. Si bien a partir de 1958, con la democracia se consiguió una relativa estabilidad sistémica que permitió cierto desarrollo durante 30 años, ésta entró en crisis a finales de siglo XX dando paso a una nueva forma de Estado y sistema político –el chavista– que, si bien, alcanzó estabilidad relativa por la vía de la participación popular, luego de 15 años en el poder no consiguió gestionar o encauzar el conflicto político. A partir de la lucha de posiciones irremediables entre las dos fuerzas políticas, se deriva una crisis de Estado de grandes magnitudes que sumió al país en la miseria, empujó a millones a la migración y produjo una inestabilidad política que encumbró la represión como forma de control social, generando cifras significativas de presos y perseguidos políticos. Esta crisis no sólo produjo un estancamiento del desarrollo nacional, sino que abrió las puertas para una invasión extranjera y la amenaza de tutelaje de la soberanía nacional.

La crisis actual expresa, en un nivel agravado, el mismo tipo de efecto que los conflictos anteriores provocaron a la nación: su petrificación social. La castración de su desarrollo como efecto de una forma particular de luchar por el poder. A estas alturas del desarrollo histórico y viendo los saldos de esta tradición política, vale preguntarse cómo se gesta y a qué lógica responde este tipo de lucha política que tritura al Estado y rompe a la nación.

Esta pregunta es posible porque a diferencia, por ejemplo, del sentimiento de “aplastamiento” –como lo definiría Domingo Alberto Rangel–, de frustración, desvanecimiento físico y moral, que invadía a la nación cuando Los Andinos llegaron al poder en 1899 e implantaron una dictadura, hoy la sociedad si bien está devastada económicamente y hastiada de la política, pareciera no renunciar a las amplias premisas de la democracia que, con tropiezos, ha construido: derechos, acuerdos y consensos como bases de la convivencia. Tras el reseteo político del 3 de enero, la sociedad está hablando, comienza a ocupar las calles y conversa sobre política así sea en el marco de sus reivindicaciones más fundamentales, sus derechos económicos, razón por la cual reconocemos condiciones fértiles para trabajar en la construcción de un debate sobre la necesidad de transformar los términos bajo los cuales se tramita el conflicto político en el país.

El análisis histórico contemporáneo revela un patrón: una lógica de ruptura que ha hecho del refundacionalismo estatal la vía privilegiada para producir orden. Desde 1945 constatamos una tendencia estratégica: conseguir articulación política sobre la base de un discurso de ruptura radical con el pasado. Para los adecos, sólo rompiendo con la dictadura gomecista era posible la democracia. Pese a que los generales posgomecista –López Contreras y sobre todo Medina Angarita– atendieron con diligencia gran parte de las demandas democratizadoras que reclamaban los adecos, la lucha por el poder exigía el quiebre radical con el Estado fundado por Gómez. Igualmente, en los años 90 fuerzas de izquierda, apalancadas en los mecanismos de representación política instituidos (diputaciones y gobiernos regionales), construyeron un espacio político sólido capaz de renovar el sistema puntofijista y mejorarlo. El MAS y sobre todo la Causa R contaban con todas las fichas para reemplazar a los partidos hegemónicos de Punto Fijo y representar el descontento popular con este modelo. Sin embargo, quien consigue hacerse con el poder es una tercera fuerza, la de Hugo Chávez, que con un golpe de Estado transmitió un mensaje claro: es rompiendo radicalmente con lo existente que podemos conseguir una verdadera democratización política y económica. Finalmente, en la actualidad, las fuerzas que lidera María Corina Machado también se articularon sobre la base de una estrategia de ruptura, una oposición radical que se aglutinó en torno a la criminalización y cuestionamiento a todo lo que representase el sistema chavista.

¿Por qué se impone la lógica de la ruptura radical con el pasado y no la reactualización de lo que se ha vuelto institución? La literatura argentina sobre el peronismo explica que este tipo de articulaciones rupturistas habilitan agrupamientos sociales rápidos e identidades populares fuertes, pero al mismo tiempo generan exclusiones radicales que ocupan el estatuto de enemigos del pueblo. Identidades tan diferenciadas, tan opuestas, que resultan imposibles de integrar una vez se conquista el poder y a la postre regresan –“hechas millones”– encarnando vendettas que terminando triturando al Estado. Estos ciclos no han hecho sino someter a nuestras instituciones a un eterno comienzo.

No busco cuestionar la ruptura revolucionaria como estrategia política ni defender la conservación de las instituciones pese a sus perversiones. En lo social nunca nada es blanco y negro, se trata de hallar matices que nos permitan distinguir entre las ruinas qué de lo construido se puede recuperar para ser mejorado y qué no se puede volver a repetir.

Cada uno de los procesos citados –apelando a la necesidad de una revolución– consiguió la inserción política de grandes sectores que estaban excluidos del poder, enriqueciendo el espacio social venezolano e incluso al Estado porque lo ha empujado a ampliar sus alcances. Lo que es cuestionable es que, al construirse sobre la base de exclusiones tan radicales, imposibles de integrar al nuevo orden que funda la revolución, hayan terminado empobreciendo el espacio político y debilitando los términos legítimos del juego político que sostienen al Estado. El chavismo, por ejemplo, si bien mediante la ruptura revolucionaria insertó a una gran parte de la sociedad al poder, al hacerlo excluyó a sectores sociales importantes que no consiguió asimilar a su nuevo orden, con lo cual le fue imposible estabilizar al Estado como representación del todo. Esas exclusiones (la oligarquía) en el marco de su propia lucha política por hacerse de un espacio social lograron articularse y regresar como nueva fuerza impugnadora del nuevo orden chavista. Betancourt hizo algo similar: incluyó a “los alpargatúos” (los campesinos) que ni el posgomecismo ni la izquierda urbana reconocían, pero excluyó y persiguió al comunismo, que luego se le vino encima bajo el nombre de Chávez.

No se trata de repartir culpas, tampoco de rebajar la necesidad histórica de proyectos revolucionarios para transformar sistemas políticos insuficientes. Hoy lo revolucionario no es hacer una nueva revolución, sino salir de la salida revolucionaria como táctica rápida para producir una solución aparente de la crisis. Se trata de pensar cómo estas insuficiencias podrían resolverse de nuevas formas, sin tantas exclusiones, sin vendettas, caos ni violencia.

Si bien el marco de este debate apenas se delinea, se palpa un sentido común sobre la política que apuesta a la concordia, a cambios sin sobresaltos y a la garantía de orden como base de un mejoramiento de la vida individual y colectiva. Al abrigo de este sentido, cabe preguntase si podemos construir un nuevo orden que, integrando las producciones republicano-democráticas, nos permita hacer del Estado el espacio de todos y, más allá, reconocernos como agentes de la misma nación.

Este debate apenas comienza. Pero, desde ya sabemos que para conseguir instaurar una nueva lógica política requerimos de compromisos: asumir virtudes y vicios propios; comenzar a hablar de nuestro largo período republicano democrático como un todo, como una producción colectiva de la nación; asumir que ha sido un ensayo, que nos permitió conocernos, saber qué queremos y sobre todo descubrir lo que no estamos dispuestos a seguir tolerando. La teoría nos dice que, si no podemos establecer una frontera agonista perdurable, no podremos acordar quién es el enemigo, qué es lo que no queremos, y en esta medida tampoco nos será posible definir quién es el amigo, qué es lo que queremos.

Continuará.